El 11 de noviembre de 2015 al mencionar la necesidad de sustituir la democracia representativa por un democracia real o democracia participativa, cité, como defensores de ésta última, a Christian Laval,sociólogo, y Pierre Dardot, filósofo, autores del libro Común. Ensayo sobre la revolución en el siglo XXI (2015. Barcelona. Gedisa. Colección "Libros que ayudan a entender el mundo").
Entonces, como ejemplo de esa revolución mencioné el ejemplo de la gestión del agua en Nápoles. Ahora he tenido acceso a ese libro, y, como estábamos hablando del agua, me ha parecido interesante fijarme en su propuesta política: "Los servicios públicos deben convertirse en instituciones de lo común", propuesta política hecha realidad en la gestión del agua en Nápoles.
En relación con esa gestión del suministro del agua, Laval y Dardot explican, en ese libro, que todo empezó por una serie de protestas de los ciudadanos por la posible privatización del agua. Ante esas protestas, en junio de 2011 se celebró un referéndum en el que los ciudadanos abogaron por la no privatización.
El alcalde de Nápoles, Luigi De Magistris y su adjunto delegado para los bienes comunes y la democracia participativa y profesor de Derecho Público, Alberto Lucarelli. aprovechando el impulso de la victoria en el referéndum y tras una votación del Consejo Municipal de Nápoles, aprobaron el llamado Acqua Bene Comune Napili, es decir, la consideración del agua de Nápoles como un bien común. De Magistris justificó esta opción indicando que, en estos momentos, la sociedad está en una encrucijada: o bien vamos hacia una sociedad de la exclusión de los ciudadanos fuera del espacio público, o bien vamos hacia una sociedad de plena participación activa en el gobierno de los bienes comunes. No hay una vía intermedia. "Conviene, por tanto, pasar de he la denuncia y la indignación a la acción concreta y romper con la posición de espera que hasta ahora ha prevalecido"
En este caso, la soberanía popular sobre los bienes comunes se tradujo en el gobierno por un grupo de trabajo formado por representantes de los usuarios, de la asociación de ecologistas y de organizaciones de trabajadores presentes en el Consejo de Administración y el Consejo de vigilancia,junto a expertos y representantes de la municipalidad.
Elinor Ostrom y sus colaboradores propusieron siete "principios de diseño" que parecen caracterizar cada procomún eficaz que examinaron. "En séptimo lugar, es fundamental que las autoridades públicas reconozcan y aprueben la legitimidad de las reglas fijadas para el procomún. Cuando las autoridades no reconocen mínimamente la potestad de autogestionarse de un procomún y lo consideran ilegítimo, lo más probable es que el procomún no sobreviva mucho tiempo." (Jeremy Rifkin, La sociedad de coste marginal cero. 2014.20). De aquí la inclusión de representantes de la municipalidad y, en última instancia, de la importancia de la "introducción en la Constitución o en cualquier otro texto jurídico fundamental que hagan de derecho de los bienes comunes un derecho fundamental de los ciudadanos", como indicaba Lucarelli, profesor de Derecho Público.
Laval y Dardot comparan este hecho con lo que sucedió en París. París llevo a cabo una simple municipalización, algo que, a pesar de la no consideración del agua como bien común, estos autores califican de meritorio en la capital de un país que alberga a las mayores multinacionales capitalistas del agua.
NOTA. Para saber cómo está la situación en España se puede consultar http://www.lamarea.com/2015/05/16/el-bastion-de-la-gestion-privada-del-agua-en-espana-se-tambalea/
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